El General que rompió el Muro del Museo etnográfico y el muro de los derechos neoindigenistas

Quedan pocos pero los que quedan, como el General José Isabel Sulub, de 82 años, del pueblo de Dzulá, nieto de Evaristo Zulub, guardan todavía la tradición de lucha y autonomía con que México conoció a los que secundaron a Cecilio y Jacinto, en la medianía del XIX: los verdaderos hombres y mujeres que pugnaron por una igualdad en el trato y que, al no lograr su cometido, al constatar que sus tierras iban siendo vorazmente comidas por la caña privatizadora, y los medios de vida se les cerraban por un sistema opresor neocolonial, pusieron en práctica lo que en sus libros sagrados tenían escrito sus escribas: “Sucede que tienen rencor estos Dzules, porque los Itzaes tres veces fueron a atacarlos a causa de que hace sesenta años les quitaron nuestro tributo, porque desde hace tiempo están ardidos contra estos hombres Itzaes. No, nosotros lo hicimos y nosotros lo pagamos hoy. Tal vez, porque el Concierto que hay ahora esto cabe en que haya concordia entre nosotros y los Dzules. Si no es así, vamos a tener una gran guerra”.[1]

Hoy, en los tiempos violentos que corren en Quintana Roo, más actuante que nunca esta privatización de playas, lagunas y bosques tropicales en el Caribe mexicano como producto de 35 años de saqueo neoliberal, el neoindigenismo en estas tierras palustres del turismo sin asideros sigue su curso teatralizador, simulando relaciones de respeto a los derechos de los pueblos indígenas al mismo tiempo que desconoce las más elementales formas de relación con los pueblos; este neoindigenismo ha hecho presa de sus caprichos y odios personales a los líderes mayas como el General José Isabel Sulub, a quien se le ha estrepitosamente conculcados sus derechos, violentado su más elemental libertad de decidir, con el embeleco falaz de unas leyes indigenistas quintanarroenses que contravienen el espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU de 2007, en ese aspecto.  Hace unos dos años, con la ingenuidad de pensar que una alternancia en el poder posibilitaría cambios para bien en las comunidades indígenas del estado y la relación democrática y respeto dialógico para estos por los órganos estatales, inquirí lo siguiente:

“¿Es válido hacer de los dignatarios mayas la carne de cañón de los designios e intereses electoreros de los políticos profesionales?, ¿cómo debemos concebir, en las nuevas posibilidades abiertas por la incipiente democracia, la nueva relación del Estado gobierno en Quintana Roo con el pueblo maya? Sin duda, un primer punto, es el respeto dialógico, el “tomarse en cuenta”, ambos, pero sin simulaciones discursivas de por medio. Otra forma para ayudar a modificar los desfasados esquemas autoritarios y paternalistas de relación del Estado con los mayas de Quintana Roo, sería apelar a conocer las propias discursividades de los mayas mismos, omitiendo, o poniendo en duda, las anteojeras académicas de una antropología acrítica y adocenada. Como decía Quetzil Castañeda: “El Nojoch sabe que el sueño de los mayas es no ser vistos ni imaginados como una serie de diálogos, conversaciones, interacciones e intersecciones que implosionan como cualquier otra cultura”…No es un museo etnográfico, es un pueblo en marcha”.[2]

A más de dos años de esa pregunta que formulé, respondo con una nueva pregunta, ¿existe todavía algún rastro de “respeto dialógico” en este estado con las comunidades mayas y el pueblo de la Cruz Parlante que ha sido la base principal de la historia de Quintana Roo? Creo que esto se puede responder no solo inquiriendo y señalando el caso del General José Isabel Sulub, quien fuera defenestrado de un cargo creado por el Estado, por el simple hecho de participar en un evento público, en la investidura del presidente actual, en diciembre de 2018. ¿Cúal fue el delito de Sulub? Externar su inclinación política abiertamente. A Sulub y a otro dignatario, como dice un documento suscrito por una asamblea realizada el 27 de enero de 2019 en el santuario de la Cruz Parlante, se le violentó en sus derechos humanos, “se le faltó al respeto” por la quien actualmente ocupa el cargo del INMAYA de Quintana Roo, quien creó, asimismo, el “divisionismo” y las pugnas entre los líderes de los centros ceremoniales.

¿Por qué actúa así la directora actual de INMAYA? Esto tiene una explicación no solo en su cultura política rupestre y autoritaria con el ADN priista, sino en la misma ley de Derechos y Cultura Indígena, que fue festinada y modificada en 2017 por el gobierno “del cambio”. Analizando someramente la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo (LDCOIQR), reformada en 2017 y anexado un Título Quinto donde se exponen las funciones, características, objetivos, et al, del INMAYA, resulta que este último contradice las funciones del “Gran Consejo Maya” (GCM), creado por el mismo estado, y no por los propios pueblos mayas de Quintana Roo. Mientras que el GCM se presenta como la “Institución máxima de representación de los indígenas mayas de Quintana Roo” encargado de “velar por la conservación de los usos, costumbres, tradiciones e idiomas mayas tanto en las comunidades como en los centros ceremoniales (un “xec” de buenas intenciones), el Título Quinto de dicha ley posiciona al INMAYA antes que al GCM, obviando toda idea de respeto y posibilidad de que el pueblo maya, o los distintos pueblos mayas de Quintana Roo,[3] sean efectivamente los destinatarios y recreadores de su propio destino, en un horizonte de plena autonomía. 
Resulta que el INMAYA, “un órgano público descentralizado de la Administración Pública del Estado”, según la LDCOIQR, se arroga para sí los destinos de todas las "etnias" del estado, convierte a los dignatarios en simples burócratas de ínfimo nivel, y como súper institución, está más allá de justicias indígenas, de organizaciones mayas autónomas y alejadas del Estado; y no dialoga, en el plano de la horizontalidad, con el pueblo maya, el pueblo maya no es “sujeto de derecho” sino objeto de dádivas, de “apoyos”, de retórica neoindigenista, de vaciamiento de derechos indígenas; y se parapeta, el INMAYA, como el “orientador”, el moderador, el promotor, la apoyatura perfecta, el fomentador del pueblo maya, y que tendrá como funciones el “dar seguimiento”, el evaluar  los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el “desarrollo integral y sustentable del pueblo maya y las comunidades indígenas”.[4] En una palabra, el INMAYA es el Chilam y es la Ceiba, es el Códice neoindigenista y es el mayacol de todos los mayas de Quintana Roo. El INMAYA y la LDCOIQR representan la prueba perfecta de cómo el Estado neoindigenista de Quintana Roo se relaciona con los mayas del estado: estos últimos son vistos como niños pequeños, inmaduros, que necesitan la venia protectora de un padre ausente y distante.

Pero frente a esto, el General Sulub, que guarda la dignidad de sus mayores, se ha revelado. Si los cruzoob lucharon contra los esclavistas de la Casta Divina meridana, contra los imperialistas y contra los porfirianos invasores, ¿por qué no Sulub cuestionará una excrecencia institucional que niega los derechos mismos del pueblo maya de Quintana Roo, convirtiéndose a todas luces en un organismo anti constitucional?

El domingo 24 de febrero, en la visita de Andrés Manuel López Obrador a Chetumal, hubo rechifla pero también se vio algo histórico que pocas veces hemos visto en la relación del Estado con los pueblos indígenas de México. Frente al lábaro patrio, símbolo y estandarte de nuestras luchas nacionales, el General José Isabel Sulub Cimá, jefe máximo de la Cruz Parlante, bajó de inmediato el sombrero y se puso en firmes para honrar la bandera. Detrás de él estaba el Presidente de la República que comenzó su gobierno honrando a la raíz indígena de México y que ha puesto en primer plano a los pueblos indígenas de México. Ese gesto, ese acto de que Sulub se quedara y, de alguna forma, presidiera el acto de honores a la bandera, revela mucho de la nueva relación que se está armando ahora entre el Estado-gobierno de la Cuarta Transformación, con los pueblos indígenas de la república: primero los pueblos indígenas de México.

Coda

Hace unos días, la periodista María Luisa Vázquez, me preguntó qué lectura tenía del hecho de que Sulub haya llegado hasta la primera línea de una ceremonia oficial. Me dijo la periodista: “A lo que me refiero cómo es que hoy llegó hasta la primera línea (el general Sulub). O sea, ¿tú crees que AMLO pidió que hoy esté en el evento?”

Mi respuesta es una hipótesis que tiene mucho de verosimilitud: “Si fuera así como planteas, y no dudo que así es, toda vez que AMLO hasta posteó una foto con Sulub en su twitter y hasta dijo, tomando el avión para regresar a Ciudad de México, de que al general “no me lo toquen”, eso es una llamada de atención a los causantes principales de la conculcación de los derechos humanos de Sulub, porque todos sabemos que a Sulub lo quitaron del puesto porque ejerció el libre derecho de actuar libremente. Si el presidente le dio cabida en los primeros lugares, y si el presidente tuvo antes noticias de que el general le entregaría una carta en pleno himno (no existen casualidades, y menos con el discreto aparato de seguridad de AMLO), entonces hay que decirle a los de INMAYA y los coyotes que están detrás, que preparen sus tiliches, pues el sexenio “del cambio” ya se les acabó (fue un efecto bumerang). Su góber no necesita leer entre líneas, pues el mensaje es tan claro.

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[1] “Kahlay de la Conquista”. Libro de Chilam Balam de Chumayel…p. 59.

[2] Gilberto Avilez Tax. “La  Nueva Relación del Estado de Quintana Roo con el pueblo maya: salidas del Museo Etnográfico y la entrada a un pueblo en marcha”. Noticaribe. 21 de diciembre de 2016.

[3] En el entendido de que existen mayas yucatecos repobladores, mayas “cruzoob”, refugiados del genocidio guatemalteco hoy mexicanos (al cual no toca explícitamente esta ley, generando una doble invisibilidad), y otras etnias del país y de diversas partes de América Latina.

[4] Artículo 59-C de la LDCOIQR.